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En lugar de prohibir por completo internet, una comunidad indígena de Brasil propuso un servidor de contenido local con películas, podcasts y videos propios.
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El análisis de datos puede ser una herramienta eficaz para exigir responsabilidades a las fuerzas del orden.
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¿Vender los datos de tu iris? ¿Biometría ocular? Esos términos, nada comunes hasta hace poco tiempo, se volvieron tema de conversación en grupos de amigos, familias e redes sociales, entre comunidades em São Paulo.
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Las fotos personales de infantes brasileños son utilizadas para crear potentes herramientas de inteligencia artificial (IA) sin conocimiento ni consentimiento de ellos.
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Un acuerdo de cooperación entre el Archivo Nacional y el PNUD reforzará la política archivística del país e impulsará el trabajo de los archivos comunitarios para los grupos socioeconómicamente vulnerables del país. La política pretende garantizar que las comunidades negras, indígenas, rurales, de favelas y LGBTQI+ tengan acceso al derecho a la memoria y a las condiciones para registrar sus experiencias individuales y colectivas.
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La idea surgió a raíz del boicot y cierre de la exposición Queermuseu en 2017 en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul. En las redes sociales, grupos conservadores crearon una cruzada de protestas contra la exposición.
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El proyecto aprobado por el Senado establecía que los pueblos indígenas solo podrían reclamar la propiedad de las áreas que ocupaban de forma permanente antes del 5 de octubre de 1988.
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La Policía Federal de Brasil refirió este viernes que durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) espió a políticos y periodistas a través de sus dispositivos móviles.
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La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras. Así lo confirman documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que afloran nuevos detalles sobre el funcionamiento de este esquema corrupto, sus tretas de ocultación y la maraña de testaferros, sociedades ficticias y cuentas cifradas para mover el dinero sucio.
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La medida se tomó luego de que el magistrado André Mendonça pidiera más tiempo para analizar el caso. El proceso se pospuso por 90 días. El STF juzga el caso del territorio Ibirama-Laklanõ, de los pueblos Xokleng, Kaingang y Guaraní, en el estado de Santa Catarina, en el sur del país.
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