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La relación entre archivos y derechos humanos ha sido intensa desde que se elaborara la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789. La creación del Registro Civil o de los registros de propiedad junto con otros archivos públicos respondían al reto de hacer posible el ejercicio de aquellos derechos. A ese reto inicial han seguido otros como el de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos, auspiciada por Naciones Unidas. Fue la ocupación de los archivos de la Stasi, en 1990, durante las jornadas de movilización social que precedieron al fin de la República Democrática Alemana, el acontecimiento que marcó una nueva época para los archivos. De ser poderosos instrumentos del poder en los países totalitarios, los archivos de los organismos represivos pasaron a convertirse, en la transición democrática, en herramientas esenciales para la reparación de esas violaciones. Los archiveros, desde el Consejo Internacional de Archivos, se plantearon en 1993 el reto de conservar y proteger el gigantesco legado documental que testimonia la actuación de las policías políticas de estos estados y hacerlo accesible en favor de las políticas de “Justicia Transicional”. Desde entonces, los derechos humanos se han incorporado a la agenda de los archiveros de modo irreversible. Esa agenda incorpora ahora el uso de los archivos para afrontar nuevos retos en defensa de los derechos humanos, como el de luchar contra su violación en el mundo de los negocios o el de garantizar su uso en el entorno electrónico.