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Desde la última década del siglo XX, los informes de los relatores de las Naciones Unidas como Joinet, Orentlicher o Pablo de Greiff han tomado conciencia del papel de los archivos en el esclarecimiento de la verdad, la impartición de la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición en el caso de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos no solo se violan en guerras y regímenes dictatoriales. Las empresas, especialmente las transnacionales, son cada vez más las protagonistas de casos flagrantes de violaciones de derechos humanos que, amparándose en el respeto a la propiedad privada y empresarial, y con la dificultad que supone su actuación en diferentes puntos del planeta, se cometen con total impunidad. Las Naciones Unidas, conscientes de ello, emitieron los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, conocido como Informe Ruggie, y está trabajando en la actualidad en un Tratado Vinculante para luchar contra esta lacra. Para asombro de la profesión, ninguno de estos documentos está contemplando el valor que el acceso a los archivos puede aportar para la aplicación de estos principios, corriendo el riesgo de quedarse en una simple declaración de intenciones. A través de este artículo, se analizarán en qué puntos, tanto de los Principios como del Tratado, el acceso a los documentos de archivo es esencial para llevar a cabo una verdadera política para proteger, respetar y reparar a las víctimas de estos abusos.